XXXII — El milhojas administrativo
Chapitre XXXII
EL MILHOJAS ADMINISTRATIVO
Este manifiesto no estaría completo sin abordar un flagelo que gangrena las democracias modernas: la multiplicación de escalones administrativos y la furia reglamentaria que los acompaña.
32.1 — El problema de los escalones
Municipios, mancomunidades, departamentos, regiones, Estado, Europa… Los niveles se superponen, las competencias se solapan, los presupuestos se entremezclan. Resultado: nadie es realmente responsable de nada. Cada escalón puede pasarle la pelota al otro. Las duplicaciones proliferan. Las burocracias se autoalimentan.
32.2 — La furia reglamentaria
En cada escalón, funcionarios justifican su existencia produciendo reglas. Para plantar un árbol, se necesita formulario. Para cortarlo, otro. Para construir cobertizo de jardín, autorización. Para modificarlo, otra autorización. Los formularios se solapan, se contradicen, exigen documentos que otras administraciones ya poseen.
Este frenesí normativo no es accidente. Es consecuencia lógica de sistema donde cada administración debe probar su utilidad para sobrevivir. Cuanto más regula, más parece indispensable. La burocracia es organismo cuya función primera es su propia reproducción.
32.3 — Los principios de reforma
Algunas pistas coherentes con el sistema propuesto:
El principio de subsidiariedad estricta. Cada competencia se atribuye a UN solo nivel, el más cercano al ciudadano posible. Sin competencias compartidas, sin cofinanciaciones que diluyen responsabilidad. Si es el municipio, es solo el municipio. Si es la región, es solo la región.
La competencia fiscal. Si cada nivel tiene su presupuesto propio (y cuenta en techo global), los ciudadanos pueden comparar eficiencia de cada escalón. Una región sobreadministrada pierde sus contribuyentes en favor de vecina más ligera. El mercado disciplina también territorios.
La fusión desde abajo. Los municipios pueden fusionarse voluntariamente para alcanzar masa crítica. Las mancomunidades pueden convertirse en municipios de pleno derecho. El incentivo es fiscal: fusiones que reducen costes liberan presupuesto.
La supresión constitucional de escalones. Podría constitucionalizarse número máximo de escalones — por ejemplo: municipios, regiones, Estado. Tres niveles máximo. Departamentos y mancomunidades serían absorbidos o suprimidos.
32.4 — La guillotina reglamentaria
Para la furia reglamentaria, regla simple: toda nueva regulación debe suprimir dos existentes (o una de peso equivalente, medido en coste de conformidad). Es el principio del “one in, two out” aplicado en ciertos países.
Complementado por:
El silencio vale aceptación. Si administración no responde en plazo fijado (por ejemplo 30 días), solicitud se reputa aceptada. Esto invierte carga: es administración quien debe darse prisa, no ciudadano quien debe esperar.
La interoperabilidad obligatoria. Una administración no puede pedir documento que otra administración ya posee. Las bases de datos se comunican. El ciudadano no sirve de paloma mensajera entre servicios.
La auditoría de pertinencia. Cada regulación tiene fecha de caducidad (por ejemplo 10 años). Al vencimiento, debe renovarse explícitamente por voto, con evaluación de su impacto real. Reglas obsoletas mueren automáticamente.
32.5 — Los límites de este manifiesto
Esta obra sigue parcialmente abierta. Los mecanismos de blindaje presupuestario propuestos aquí frenan proliferación — menos dinero significa menos funcionarios para producir reglas. Pero no desmantelan automáticamente lo existente.
La transición (capítulo XXXIII) deberá incluir gran limpieza reglamentaria: auditoría completa, supresión masiva de textos inútiles, simplificación radical. Es obra titánica, pero indispensable. No se libera pueblo dejando intacto marasmo de reglas que lo entorpece.
32.6 — Estudio de caso (ejemplo empírico): El “One-In, Two-Out” británico y canadiense
Reino Unido (2011) y Canadá (2012) adoptaron reglas exigiendo supresión de regulaciones existentes para toda nueva regla creada [105][106]. Estos mecanismos ofrecen precedente para “guillotina reglamentaria”.
Lo que ha funcionado
Ralentización de inflación reglamentaria. En Reino Unido, coste neto de nuevas regulaciones para empresas se volvió negativo bajo régimen “One-In, One-Out” luego “One-In, Two-Out” [105]. Carga administrativa dejó de crecer.
Cultura del cálculo coste-beneficio. Cada ministerio debe ahora cifrar coste de conformidad de sus propuestas. Esta disciplina forzó reflexión sobre utilidad real de reglas.
Reducciones medibles en Canadá. La “Red Tape Reduction Act” canadiense permitió suprimir miles de formalidades administrativas [106]. Tiempo de conformidad para empresas disminuyó.
Transparencia acrecentada. Los gobiernos publican informes anuales sobre stock reglamentario. Evolución es medible y ciudadanos pueden comparar.
Señal política fuerte. Adopción de estas reglas envió mensaje claro: sobrerregulación es problema reconocido, no fatalidad.
Lo que plantea problemas
Rodeos creativos. Los ministerios aprendieron a reclasificar “regulaciones” en “directrices” o “recomendaciones” para escapar al conteo [105]. Stock formal disminuye, pero presión administrativa puede subsistir de otro modo.
Calidad vs cantidad. Suprimir dos reglas pequeñas para crear una grande no reduce necesariamente carga. “Peso” reglamentario es difícil de medir objetivamente.
Sin limpieza de existente. Estas reglas se aplican a nuevas regulaciones, no al stock histórico. Décadas de normas obsoletas quedan en su lugar [106].
Exenciones políticas. Regulaciones juzgadas “prioritarias” (salud, medio ambiente, seguridad) son a menudo exentas. Regla se vuelve parcial.
Sin blindaje constitucional. Son reglas administrativas, no leyes. Nuevo gobierno puede abandonarlas.
Lo que conservamos del modelo británico/canadiense
- El principio del ratio: crear regla obliga a suprimir
- La cultura del cifrado de costes de conformidad
- La transparencia sobre evolución del stock reglamentario
- La responsabilización de ministerios productores de normas
Lo que mejoramos
- Ratio más ambicioso: “one in, two out” en lugar de “one in, one out”
- Medida por coste de conformidad: no solo número de reglas, sino su peso real
- Aplicación a stock existente: auditoría de pertinencia con fecha de caducidad fuerza limpieza de existente
- Blindaje constitucional: principio del ratio inscrito en constitución
- Sin exenciones categoriales: todas regulaciones cuentan, incluso ambientales o sanitarias
Lo que no adoptamos
- La limitación a nuevas reglas: nuestro sistema incluye mecanismo de caducidad automática para existente
- Las exenciones políticas: sin pase libre para temas “prioritarios”
- La fragilidad administrativa: nuestro sistema es constitucional, no reglamentario